Desde hace aproximadamente 10 años, la Patagonia, sus habitantes y, sobre todo, los productores de la región, vienen sufriendo un sinnúmero de atentados, de cortes de ruta, de usurpaciones, de incendios y de delitos contra la propiedad, perpetrados bajo el supuesto amparo de una reivindicación Mapuche.

En el presente, los hechos vandálicos se han multiplicado y agravado, debido a su violencia y a su irracionalidad. Esta situación pone en peligro la paz social, la vida y el trabajo de la población honesta y laboriosa de la Patagonia.

Mediante un comunicado, las autoridades de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) afirman que ante la gravedad de los hechos, la Justicia -salvo unas pocas excepciones- no ha dado respuestas adecuadas, rápidas y certeras. Con esa pasividad permitió que los casos puestos a su arbitrio resulten morosamente tratados, sin respuestas ágiles, hecho que prolongó -cuando no incrementó- la conflictividad.

Los directivos de CRA añaden en el comunicado que tampoco la política ha puesto su atención sobre el tema. Solo se observan tímidas manifestaciones por parte de algunos dirigentes, que dudan del estricto cumplimiento de la ley debido a especulaciones electorales.

Por acción o por omisión, añade el texto, el Gobierno nacional, ausente de su rol institucional, ha prestado apoyo logístico, económico e ideológico, estableciendo en algunos casos mesas de diálogo, que solo logran estirar hasta el infinito las usurpaciones, consolidando la ejecución de hecho de intrusiones en los campos, dilatando su resolución y eludiendo la definición categórica, de dónde está el derecho y de qué límites son infranqueables frente a la propiedad privada.

Las autoridades de CRA consideran que la Ley 26.160 (declara la emergencia territorial de comunidades originarias) ha contribuido a crear una atmósfera de consolidación de usurpaciones, al disponer la suspensión de los desalojos, durante su vigencia. “Esto, en la práctica, significa que a nuevas usurpaciones se las protege, con la prohibición de desalojos, que la aludida norma dispone”, dicen.

La mencionada norma estableció la realización de los censos provinciales respectivos, para determinar aquellas tierras ocupadas en forma tradicional, actual y pública. “Sin embargo, la demora en la ejecución de los censos, hace que reiterativamente se prolongue su vigencia, sin incorporarle las modificaciones que la propia experiencia indica como necesarias”, advierten los directivos de CRA.

Agregan que la Patagonia y el país en su conjunto reclama del Gobierno nacional una posición clara, fundada en derecho y en respeto a las normas constitucionales, sobre los auténticos reclamos de las comunidades originarias y rechazando en forma inclaudicable, la violencia, el delito, la fuerza bruta, el daño, los incendios, el amedrentamiento, como forma de reclamo de quienes se sienten con derechos.

“Los organismos del Estado nacional deben ser los custodios de la paz social y no los artífices o acompañantes por omisión de hechos vandálicos. Reclamamos al Gobierno que no abandone a sus ciudadanos patagónicos y ponga orden, Justicia y paz, permitiendo recuperar la vida normal de toda la región”, exigen.

Todos los derechos deben ser respetados, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, la Argentina es una sola Nación, una sola Patria, una sola bandera, en donde nos merecemos vivir todos, con respeto a las leyes y en paz. El Gobierno Nacional tiene la palabra”, cierran.